La homofobia del PP
El presente trabajo es un repaso histórico a los casos de homofobia del Partido Popular (PP) desde sus orígenes hasta la actualidad que se irá actualizando cada cierto tiempo. Se trata de una lectura larga que combina la recopilación ordenada de sucesos con una mínima redacción; con ello se espera favorecer tanto la consulta puntual como la lectura completa según las necesidades y preferencias del lector.
[Act. 2023]: Cuatro años después de publicar este artículo, lo amplié y actualicé en el libro Por rojos y maricones: homofobia y transfobia en el Partido Popular y el resto de la derecha española, editado por Egales, en el que repaso la historia de la LGTBIfobia en las instituciones españolas, especialmente en los distintos partidos políticos de la democracia. Con la misma vocación de facilitar consultas puntuales, la obra incluye un índice por regiones y otro por políticos, además de un millar de referencias que documentan cada uno de los sucesos mencionados.
“El Partido Popular interpuso un recurso por el nombre de ese derecho. Asunto zanjado”. Así “zanjaba” hace unos días Javier Maroto, vicesecretario nacional de Organización del PP, la eterna polémica sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP tras la aprobación en 2005 del matrimonio entre personas del mismo sexo. Una vez más, Maroto se embarcaba en la misión de blanquear el pasado oscuro del PP con respecto a la diversidad sexual y de género, un relato fijado en el argumentario de sus líderes que se repite sin cesar y dificulta encontrar una respuesta a la gran pregunta: ¿es homófobo el Partido Popular?
Antes de lanzarse a buscar una respuesta avalada por datos y no por meras impresiones, conviene tener en cuenta en primer lugar que la actuación individual de los miembros de un partido es un indicio insuficiente para alcanzar una conclusión — si bien la acumulación de “casos aislados”, como bien sabe el PP, es un indicador bastante fiable — . Aparte de los incidentes y declaraciones protagonizados por particulares, se debe atender a la actuación del partido como conjunto de personas y al ideario — declarado o implícito — que comparten.
En segundo lugar, el buen posicionamiento español en materia de derechos LGTB no debe empañar la Historia reciente. España es una democracia desde hace tan solo 40 años y aún arrastra numerosos déficits en calidad democrática, incluida una cultura política que refleja el machismo y la LGTBfobia que en ocasiones se observan en el imaginario de su sociedad. Prácticamente todos los partidos políticos españoles y los más antiguos en particular cuentan con un historial que a veces pone en entredicho su compromiso con los derechos LGTB; solo la frecuencia de los incidentes y la evolución del ideario del partido — plasmada tanto en declaraciones como en políticas — permiten esclarecer su postura al respecto.
Ante las repetidas acusaciones de LGTBfobia contra el PP, la hemeroteca a menudo responde solamente con incidentes puntuales y, sobre todo, un aluvión de declaraciones por parte de los más altos cargos de la jerarquía del partido que intentan desmentir semejantes acusaciones. Y, sin embargo, la denuncia permanece en el imaginario español y en el discurso político de sus detractores sin mucho más sustento que el recurso de inconstitucionalidad de 2005 y algún suceso reciente. Solamente buceando concienzudamente en las profundidades de la hemeroteca podemos trazar una cronología — o, si se prefiere, un mapa — de la postura del PP como partido ante la diversidad sexual y de género.
El PP y el matrimonio igualitario
En 1994 el Parlamento Europeo aprobaba el llamado Informe Roth, en el que se recomendaba por primera vez equiparar las parejas entre personas del mismo sexo al matrimonio, también en materia de adopción y educación de menores. Entre los partidos españoles, votaron a favor PSOE, IU y CDC y en contra PP y UDC; los votos de CiU estuvieron divididos.
Al igual que hiciera AP en los años 80 con las leyes españolas de divorcio y aborto, desde los 90 el PP se opuso sistemáticamente a cualquier iniciativa, autonómica o estatal, de leyes o registros de parejas de hecho viendo en ello un ataque contra la institución religiosa del matrimonio y contra la “familia tradicional”. Actualmente, España sigue sin contar con una ley estatal que regule las parejas de hecho.
En 1996 el concejal de gobernación de Palamós (Gerona), Joan Fontanet (PP), se opuso a la creación de un registro de parejas de hecho porque incluiría a gays y lesbianas, “un mal en expansión”; añadió que “pronto nuestros hijos estarán en peligro y no podrán ni salir a la calle”. El PP recurrió las leyes de parejas de hecho de Cataluña (1998), Navarra (2000) y País Vasco (2003), evitó que la ley de sucesiones catalana incluyera la convivencia no matrimonial y se negó a incluir en la ley valenciana de parejas de hecho la adopción conjunta. Como alternativa, proponía un “contrato de unión civil” en el que no se consideraba la “relación de afectividad análoga a la del matrimonio” y en el que faltaban la mayoría de los derechos que concede el matrimonio. En 2003 el ministro Cristóbal Montoro (PP) rechaza la propuesta socialista de equiparar los derechos de las parejas del mismo sexo a los matrimonios argumentando que “traería más paro”.
En 2004 se produce el relevo en el Gobierno español: el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se convierte en presidente tras dos mandatos consecutivos del popular José María Aznar (1996–2004). Poco después, el expresidente de Cogam y de la entonces llamada FELGT, Pedro Zerolo, accede a la Ejecutiva Federal del PSOE. Juntos se convierten en las caras visibles de la gran aportación de la legislatura: la aprobación en 2005 del matrimonio entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario.
La tramitación de esta ley en sede parlamentaria no estuvo exenta de obstáculos. A propuesta del PP, el catedrático en Psicopatología Aquilino Polaino declaró ante el Senado que muchos homosexuales proceden de padres “hostiles, distantes, violentos o alcohólicos” y que “pueden haber sufrido abusos sexuales” por parte suya. Estas afirmaciones, sumadas a otras aportaciones del senador popular Agustín Conde, se apoyan en un informe específicamente diseñado para la ocasión editado por HazteOir y galardonado por la Consejería de Educación del Gobierno regional madrileño (PP). Prologado por Polaino y firmado por el ingeniero informático Pablo Romeu y dos profesoras de la Universidad San Pablo-CEU, Mónica Fontana Abad y Patricia Martínez Peroni — subalternas de Polaino también convocadas por el PP, aunque solo compareció la segunda — , el documento atribuye a los niños criados por parejas del mismo sexo una mayor propensión a “problemas psicológicos”, “drogodependencia, disfunciones en la conducta alimentaria, fracaso escolar” y “abusos sexuales paternos” en el 29% de los casos. Como expresaron el resto de los intervinientes ante el Senado, estas afirmaciones no se encuentran respaldadas por ningún estudio científico sólido.
Leer las intervenciones: Diario de sesiones del Senado (VIII Legislatura, n.º 189), Comisión de Justicia, 2005 / Senadores de la VIII Legislatura
El autor del estudio citado en el informe, Paul Cameron, es una de las figuras anti-LGTB más conocidas en EE. UU.; sus estudios están actualmente desprestigiados y fue expulsado de la Asociación Estadounidense de Psicología por “violación del Preámbulo de los Principios Éticos” de la organización. Cameron considera la homosexualidad “un crimen contra la humanidad” y aboga por la criminalización de las “prácticas homosexuales”; en al menos dos ocasiones ha planteado la posibilidad del encierro preventivo de homosexuales e incluso su “exterminio” en relación con la crisis del sida de los años 80.
Un mes después del debate parlamentario, el Foro Español de la Familia — colaborador del informe y al que perteneció HazteOir hasta 2009 — convoca una manifestación contra la inminente ley bajo el lema “La familia sí importa”. Acuden a ella 19 obispos — encabezados por el cardenal Antonio María Rouco Varela, expresidente de la Conferencia Episcopal Española — y diversos cargos del PP: Mercedes Coloma, Ana Botella, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Ana Pastor — entonces responsable de Política Social — , Miguel Arias Cañete, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo, Gabriel Cisneros, Jorge Fernández Díaz, Vicente Martínez-Pujalte, Eugenio Nasarre, Andrés Ayala, Manuel Atencia, José María Álvarez del Manzano y Juan Cotino.
Gracias a la mayoría conservadora en el Senado, UDC consigue con los votos del PP, cuatro de CiU — los otros dos se abstuvieron — y uno del Partido Aragonés (131 en total) la devolución del proyecto de ley al Congreso sin debatir las enmiendas propuestas por UDC y PP. El resto de los senadores (119) votaron en contra. El portavoz socialista, Arcadio Díaz Tejera, recordó durante su intervención que el PP había votado 32 veces durante sus ocho años de Gobierno contra propuestas para regular las uniones entre personas del mismo sexo.
La modificación del Código Civil para la inclusión del matrimonio igualitario salió adelante en el Congreso con 187 votos a favor (PSOE, PNV, ERC, CC, IU, Grupo Mixto, dos diputados de CiU y la diputada popular Celia Villalobos, lo que ya le había valido una multa de su partido tras la primera votación), 147 en contra (PP y diputados de UDC, formación integrada en CiU) y cuatro abstenciones de CiU.
Leer las intervenciones: Diario de sesiones del Congreso (VIII Legislatura, n.º 103), Pleno del Congreso, 2005 / Diputados de la VIII Legislatura
Buscando el efectismo, el PP dejó transcurrir el verano para presentar a finales de septiembre de 2005 un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Firmaron el recurso 72 diputados del PP, 22 más de los necesarios para presentarlo; Rajoy, su principal promotor, no lo firmó. Entre los firmantes se encuentran varios de los diputados que acudieron a la manifestación: encabezan las firmas Zaplana, Fernández Díaz y Cisneros, seguidos más adelante por Cañete, Atencia, Nasarre y Trillo.
Quiénes firmaron el recurso: “Los diputados del PP que han firmado el recurso contra la ley del matrimonio gay”, Cadena Ser, 2005
Según varios altos cargos del PP (Rajoy, Aguirre, Maroto), el recurso era una cuestión “meramente nominalista”. Sin embargo, el recurso se hizo contra la totalidad del articulado y contra todos los derechos que reconocía; entre otros argumentos, tachaba la ley de “fraude” que “vulnera la protección a la infancia”, convierte el matrimonio en “una institución borrosa”, “priva de derechos a quienes legítimamente los tienen” y “destruye sin necesidad hasta las propias instituciones”. El recurso se llevó hasta sus últimas consecuencias a pesar de las solicitudes de retirada en diversos Ayuntamientos. Rajoy llegó a sugerir que no acataría una resolución negativa; irónicamente — considerando la Historia del partido — , Rajoy se lamentaría de que Zapatero no aceptara una simple ley de parejas de hecho, que ahora calificaba como “una cosa equilibrada”. Durante los siete años que se mantuvo el recurso — hasta la sentencia desestimatoria del Tribunal Constitucional — , el PP nunca se retractó; tampoco después. De hecho, en 2016 la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional consiguió la irretroactividad de la reducción en el impuesto de sucesiones a parejas que no habían podido casarse antes de 2005.
Leer el texto completo: Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 13/2005, PP, 2005
Tras el refrendo constitucional, varios miembros del PP y jueces católicos se han negado — frecuentemente con declaraciones denigratorias — a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo: los alcaldes populares de Valladolid (Javier León de la Riva), León (Mario Amilivia), Las Palmas (Josefa Luzardo) y Pontons (Lluís Fernando Caldentey), el segundo teniente de alcalde de Valencia (Miquel Domínguez) y concejales de Palma (Javier Rodrigo de Santos) y Barcelona (Óscar Ramírez), que se haya podido saber. Ante esta cuestión, se mostraron ambiguos los alcaldes populares de Ávila — quien defendió la “buena hombría” del de Valladolid — , Burgos, Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona, Soria y Toledo. Los alcaldes populares de Almería, Cádiz, Elda, Ferrol, Getafe, Granada, Huelva, Logroño, Ponferrada, Santander, Vigo y Vitoria manifestaron — algunos con reservas — su voluntad de aplicar la ley. Destaca positivamente el por entonces alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón (PP), quien ya había mostrado antes su disposición a unir en matrimonio a parejas del mismo sexo.
En 2011 el eurodiputado popular Aleix Vidal-Quadras insta a Rajoy a derogar la ley si conseguía la presidencia para no poner en riesgo “la unidad del centro-derecha”. En 2012 Pedro Sanz, presidente del PP de La Rioja, dice que “un niño en una unión de parejas del mismo sexo no tiene las mismas oportunidades”. En 2015 Lluís Fernando Caldentey, alcalde del PP en Pontons (Barcelona), afirma: “Los maricones no deben casarse. Dios creó al hombre y a la mujer. La homosexualidad es una anomalía. Prometí que no iba a casarlos y he cumplido”. En términos similares se expresan los alcaldes coruñeses de Ares (José Manuel Cendán) y Sada (Montxo Rodríguez) y la diputada catalana Montserrat Nebrera, todos ellos del PP.
En 2015 Javier Maroto se casaba con otro hombre; los altos cargos del PP (Rajoy, Sáenz de Santamaría, Cospedal, Moragas, Arenas, Maillo, Levy, Casado, Floriano…) no faltaron en la foto. También se casaría con una mujer la popular Miriam Blasco, quien había votado en contra de la ley en el Senado.
En 2016 el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz —único político español al que la FELGTB ha entregado un Premio Látigo—, nombró comisario honorífico a uno de los tres magistrados del Constitucional que emitieron un voto particular contra la constitucionalidad del matrimonio igualitario: Ramón Rodríguez Arribas. Otro de ellos, Juan José González Rivas, se convertiría en 2017 en presidente del Constitucional gracias al resto de los magistrados propuestos por el PP. Ya en 2014 el PP había conseguido el nombramiento para el Tribunal Supremo de José Luis Requero, quien en 2007 recibió tanto el Premio Látigo como uno de HazteOir por su oposición al matrimonio igualitario, que comparaba con el incesto, la poligamia y la zoofilia, tal y como haría en 2012 Cayetano Ros, edil popular en Molina de Segura (Murcia).
El partido también premió en 2013 con un puesto en el Constitucional a Enrique López, otro juez que comparó el matrimonio igualitario con los tríos y la zoofilia y que defendía a la jueza Laura Alabau, condenada por negarse a casar a personas del mismo sexo. Tanto en este caso como en el del juez Ferrín Calamita, inhabilitado por demorar indebidamente la adopción por una lesbiana, HazteOir asumiría los costes de las condenas. Fue precisamente en 2013 cuando el ministerio de Fernández Díaz declaró la asociación “de utilidad pública”; su sucesor en el cargo, Juan Ignacio Zoido, mantuvo la declaración en 2017 a pesar de que ese año perdieron la utilidad pública seis asociaciones. Sería el Gobierno del socialista Pedro Sánchez el que retirara la declaración en 2019. La asociación también recibió financiación pública de Esperanza Aguirre y particular de su tía, M.ª Luisa Gil de Biedma Vega Seoane, según revelaron los documentos filtrados sobre la financiación de HazteOir.
El PP y las leyes de igualdad
El voto en contra del Informe Roth en 1994 no pilló a nadie desprevenido. El torpedeo continuo del PP, con la connivencia de CiU y CC, a la adhesión a tratados antidiscriminación y a la tramitación de leyes con el mismo propósito llevó a una consigna clara en las sucesivas campañas de “Vota rosa”: “No votes a Partido Popular”.
Ya en 1985, el padre de Gallardón expresó el rechazo de Alianza Popular a una posible ley antidiscriminatoria. En 1989 la iniciativa de IU para penalizar las discriminaciones contra los homosexuales fue derrotada por la abstención del PP y la negativa del PSOE. Entre 1986 y 1996, el único partido que llevaba los derechos LGTB en su programa fue el PCE en el marco de su transformación en IU; PP no se sumaría hasta 2004, cuando Rajoy incorporó por primera vez las uniones civiles para evitar la aprobación del matrimonio igualitario (en su programa de 2011 no incluiría ninguna mención a las personas LGTB). En 2002 el Gobierno de Aznar impedirá el ingreso de la asociación ILGA como ONG consultiva de la ONU.
Desmontando el mito: “Aznar nunca llevó en su programa electoral una propuesta para que los homosexuales se pudieran casar”, Maldito Dato, 2019
Tras la aprobación del matrimonio igualitario, el PP valenciano rechazará en 2007 la propuesta de EU y Bloc para combatir la homofobia en los centros educativos y en 2010 retirará las ayudas públicas a asociaciones LGTB. En 2009 el alcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández (PP), y el grupo municipal popular de Manzanares (Ciudad Real) rechazan sendas mociones contra la homofobia. En 2013 el Ayuntamiento de Barcelona (CiU+PP) rechaza una declaración institucional contra la homofobia que incluía la petición de que el Parlamento catalán aprobase una ley específica contra la LGTBfobia. En 2016 una moción para visibilizar la diversidad sexual y combatir la LGTBfobia en Sóller (Mallorca) se salda con la abstención popular, el voto en contra del concejal Joan Ruiz (PP) y la reivindicación del exalcalde y portavoz popular Carles Simarro de un “Día del Machote” y una “Semana de la Señorita de Toda la Vida”.
En 2010 Cogam otorga un Premio Ladrillo Rosa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), por suprimir las partidas de prevención del VIH y las ayudas a ONG contra el sida; en 2017, ya con Cristina Cifuentes (PP) al frente de la Comunidad de Madrid, se repetirá el galardón por el mismo motivo contra la Consejería de Sanidad, encabezada por Jesús Sánchez Martos. En 2011 los eurodiputados del PP votan en contra de la resolución adoptada por el Parlamento Europeo con motivo del Día Mundial contra el Sida y en 2012 el grupo popular en el Congreso rechaza la Ley de Igualdad de Trato argumentando que “puede lesionar otras libertades”.
Tanto a nivel nacional como en la capital, la lucha contra el sida pierde financiación y las lesbianas quedan explícitamente excluidas del derecho a la reproducción asistida, que no recuperaron hasta el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, en 2018. En 2014 el PP se opondrá a cambiar la ley para que las personas con VIH no puedan ser discriminadas por las aseguradoras y rechazará la iniciativa de Izquierda Plural para luchar contra la homofobia en el deporte. De sus 16 eurodiputados, solamente Gabriel Mato firmará el compromiso contra la LGTBfobia de ILGA Europa. La asociación da al partido una calificación media en materia LGTB de 3,8 sobre 10.
En 2012 la asociación ALEAS-IU denuncia el posible recorte de las indemnizaciones a las personas LGTB represaliadas por la dictadura. Un año después, el extravío aparente de documentación custodiada por Interior dificulta a algunos de los afectados reclamar dicha indemnización.
En 2013 los eurodiputados populares Jaime Mayor Oreja, Aleix Vidal-Quadras, José Ignacio Salafranca y Cristina Gutiérrez-Cortines votan en contra del Informe Lunacek, dirigido a la lucha contra la homofobia y la discriminación sexual y de género; otros dos populares se abstienen, ocho no votan y diez lo hacen a favor. Un mes después Vidal-Quadras se convertirá en el primer presidente del partido ultraderechista Vox.
En 2013 el PP impide que la Asamblea de Madrid inste al Gobierno autonómico a combatir la LGTBfobia en las aulas. Ese mismo año el alcalde de Coslada, Raúl López Vaquero (PP), se disculpa por reproducir un extracto del artículo “Soy homófobo, naturalmente”, escrito por Pío Mora, en el que relaciona la prohibición a España de adoptar niños rusos con la ratificación constitucional del matrimonio igualitario. En 2014 PP, CiU y PSOE aprobarán un convenio de adopciones con Rusia — todavía en vigor — que excluye a las parejas del mismo sexo.
En 2014 el PP vota en contra de la ley catalana contra la LGTBfobia en el Parlament tras retrasarla mediante recursos. En Galicia se aprobó una normativa similar — la primera en España — , pero los populares condicionaron su voto favorable a que se retiraran las sanciones. En Almería, Ciudad Real y Nerja (Málaga) rechaza medidas similares contra los delitos de odio. La situación se repite en Valencia entre 2013 y 2017; en 2018 consiguen aprobarla con la abstención del PP. En 2017 Navarra aprueba, con el único voto contrario del PP, una ley de igualdad y contra la discriminación de las personas LGTB.
En 2016 el PP madrileño es el único grupo en oponerse a una ley integral de delitos de odio al considerar que lo hecho en la pasada legislatura es “suficiente” y se abstiene de votar medidas para apoyar el asociacionismo LGTB — ya en 1992 la asociación Cogam recibió amenazas de cierre por parte del popular Ángel Matanzo, respaldado por el entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano (PP) — . Por su parte, el PP de Alcorcón (Madrid) rechaza una iniciativa contra la homofobia en las aulas y su líder, David Pérez, se convierte en el primer alcalde español reprobado por sus comentarios machistas y homófobos y por no aplicar los acuerdos en materia LGTB. El propio partido multó a Pérez y el diputado Luis Peral por ausentarse en la votación de la ley LGTB autonómica; con la elección de Casado como presidente popular, Pérez se ha convertido en el número dos de la Comunidad de Madrid y Peral preside la Comisión de Familia del grupo parlamentario popular.
En 2017 Cogam y FELGTB, coorganizadores exclusivos del Orgullo junto con Aegal, permiten al PP participar oficialmente en el Orgullo por primera vez con el compromiso de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional” y apoyar la ley LGTB estatal. El PP no cumple ninguno de estos compromisos en el Congreso y se opone en Castilla y León a una ley de igualdad. Un año después, frustrará en el Senado una moción por la igualdad y la visibilidad de las personas LGTB en la escuela. La FELGTB reprobó esta actitud con un Premio Látigo; el PP es el único partido que ha recibido el dudoso galardón en los trece años que lleva entregándose y la organización que más veces lo ha recibido (2007, 2011, 2012, 2013 y 2018). Lo mismo sucede con el Premio Ladrillo Rosa de Cogam, galardón que han recibido políticos del PP en 2009, 2010 y todos los años entre 2014 y 2018 (salvo en 2016, cuando la Comunidad de Madrid recibió el Premio Triángulo Rosa por su contribución al Orgullo).
El PP ha votado de forma sistemática en contra de políticas igualitarias en los Parlamentos autonómicos, el Congreso y el Senado. No son raras sus ausencias en reuniones parlamentarias con asociaciones LGTB o para evitar un voto discrepante en la aprobación de medidas a favor de la comunidad LGTB. Cuando se ve obligado a transigir ante la opinión mayoritaria del órgano, son frecuentes las mociones sin ejecutar y los reglamentos sin desarrollar.
El PP y la transexualidad
Otro de los frentes habituales de conflicto para el PP han sido los derechos de las personas trans. Ya en 1990 el PP se había abstenido de aprobar en Andalucía la gratuidad de las operaciones de reasignación genital. En 2011 la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, anuncia un acuerdo presupuestario en el que CiU acepta su exigencia de “priorizar” otras intervenciones a las cirugías de reasignación. Asimismo, el alcalde de Valladolid, León de la Riva (PP), pedirá en 2012 retirar de la sanidad pública la cirugía de reasignación por considerar que “no es una necesidad básica”. Ambas declaraciones se alinean con la propuesta del Ministerio de Sanidad del entonces gobernante PP de retirar la financiación pública a este tipo de operaciones.
El PP vota en contra de la Ley estatal de Identidad de Género de 2007 y de su reforma en 2017 para despatologizar la transexualidad. También se opone a la Ley de Transexualidad de Madrid en 2010 y 2014 y a la de Valencia en 2017. La ley trans madrileña se aprueba en 2016 con su abstención tras presentar una propuesta alternativa sin contar con la opinión de las asociaciones. El Gobierno de Rajoy amenaza con recurrir ante el Constitucional esta ley y la andaluza. En 2017 el PP impide la aprobación de una ley de atención integral a personas trans en Galicia y el Parlamento de La Rioja aprueba, con la abstención del PP, la toma en consideración de una ley de este tipo.
En 2012 el PP madrileño rechaza aprobar una declaración institucional a favor de la despatologización de la transexualidad y en 2016 se abstiene de condenar las agresiones tránsfobas y solicitar una nueva Ley estatal de Identidad y Expresión de Género. En 2017 el Parlamento de Navarra, con la abstención del PP, respalda la campaña de concienciación sobre menores trans de la asociación Chrysallis. En 2018 el PP de La Rioja convoca a la jueza María Elósegui, famosa por relacionar la homosexualidad con el desarrollo de “distintas patologías”, para valorar una posible ley autonómica de transexualidad. Poco después, el PP vasco votó en contra de una moción parlamentaria a iniciativa de 75 eurodiputados que instaba a la destitución de la jueza si no se retractaba. En el Parlamento Europeo 15 eurodiputados populares votan contra los derechos trans en 2015 y el PP se abstiene por unanimidad en 2017 al informe que reconoce las necesidades de las personas LGTB — especialmente trans e intersexuales — en materia de salud mental.
En 2017 Amparo Císcar, concejala del PP en Paiporta (Valencia), se ve obligada a pedir disculpas tras sus comentarios tránsfobos sobre la tuitera Cassandra Vera y sale a la luz que en 2011 Cristina Cifuentes, entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid (PP), había acudido a un programa de Intereconomía en el que rio comentarios tránsfobos sobre la concejal socialista Carla Antonelli.
En 2018 la viceconsejera de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Miriam Rabaneda (PP), recibe el Premio Ladrillo Rosa de Cogam por negar a las personas trans el cambio de nombre en sus tarjetas sanitarias.
Anecdotario de “malentendidos”
“No me resigno a que nos arrinconen y nos hagan aparecer como enemigos de los homosexuales cuando no tenemos ninguna tacha de homofobia en nuestra historia”
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ Esperanza Aguirre (2008)
“El PP nunca ha tratado ni va a tratar a los homosexuales como ciudadanos de segunda”
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ Cristina Cifuentes (2012)
“El PP nunca ha tenido un problema con los homosexuales”
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤJavier Maroto (2016)
Además de la oposición sistemática al matrimonio igualitario, las leyes de igualdad y los derechos de las personas trans, el PP cuenta con un amplio historial de “casos aislados”. Sin duda, no es el único partido español con miembros implicados en estos “malentendidos”, pero sí es, de lejos, el partido con más incidentes y declaraciones desafortunadas. La prevalencia entre miembros del PP de políticas, actos, comportamientos y declaraciones de contenido LGTBfóbico sugiere que la concurrencia de incidentes, extensa en el tiempo y en el espacio, bebe de la propia ideología del partido o, cuando menos, de cierta tolerancia en su seno hacia este tipo de actuaciones.
El propio fundador del partido, el exministro franquista Manuel Fraga, consideraba la homosexualidad “una anomalía”, “afecciones extrañas” de quienes funcionan “al revés”, y pedía “acabar con leyes asquerosas”, “parte de la política general de destrucción de la familia como base de una sociedad organizada”. Estas declaraciones no son de su etapa franquista ni de los primeros años del PP, fundado en 1989; son todas posteriores a la elección de Rajoy como presidente del partido (2004).
Ya en 1983 la asociación FAGC denunciaba en Sitges la persecución por parte del concejal Tomàs Abelló, posteriormente miembro del PP. En 1996 el concejal de gobernación de Sitges, Ignacio Deó (PP), hizo identificar a 235 gays en zonas de cruising para “evitar otro caso Arny”. En 2012 el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), llama “viciosos” a los practicantes de cruising y anuncia medidas policiales. En 2019 David Enguita, autor de un bulo homófobo contra el cruising, pasa a formar parte de la lista de la candidata popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ninguno de los anteriores se refirió al sexo en público practicado entre personas de distinto sexo.
En 1999 José Manuel Soria, entonces alcalde de Las Palmas (PP), dice públicamente al candidato socialista a la presidencia de Canarias que había dado “un gran patinazo que me hace pensar que pierde más aceite del que yo creía”. En 2003 un portavoz adjunto del PP en el Congreso denuncia un “montaje” contra el diputado popular Francisco Vicente Murcia Barceló, quien llamó “maricón” a Gaspar Llamazares, líder de IU, tras acusar de homofobia al Gobierno de Aznar. Diez años después, el alcalde de Mijas (Málaga), Ángel Nozal (PP), también tilda de “montaje” una captura de Facebook en la que llama “engendro” y “pederasta” al director de cine Pedro Almodóvar; en 2017 un periodista denuncia una mención de Nozal en la misma red social en la que lo llama “plumífero pedoncete”.
En 2007 Carina Mejías, portavoz del grupo popular en el Parlamento de Cataluña, se dirige al presidente de la organización ultraconservadora e-Cristians — que había mostrado su preferencia por UDC como partido que se aproximaba mejor “a lo que se puede necesitar desde un punto de vista cristiano” — y enumera algunas votaciones negativas del PP catalán “por ser contrarias a sus principios ideológicos”, como evitar que la Generalitat se convirtiese en miembro asociado de ILGA o protestar contra un festival de cine LGTB. Asimismo, recordaba que UDC tenía “inclinación a pactar con el PSOE, el partido impulsor de leyes que legalizan el matrimonio homosexual”; en 2015, ya en Ciudadanos, decía que “siempre” había sido partidaria de las uniones entre personas del mismo sexo. En el mismo sentido, Sánchez-Camacho y Fernández Díaz destacaban en 2010 ante el cardenal Bertone como ejemplo de buena sintonía con la Iglesia católica que el PP tenía un recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra la ley del matrimonio igualitario. Ese año PP y CiU bloquearon en la Mesa del Congreso la posibilidad de reprobar las declaraciones del secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, que vinculaban homosexualidad y pederastia.
En 2008 Cospedal incluye como candidato del PP al Senado a Dimas Cuevas, quien en diferentes artículos de opinión manifestaba que lo normal es que las bodas entre hombres “acaben en orgía”. En 2010 el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo (PP), llama “artistaza” al cantante Miguel Bosé, y Ángel Garrido, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, dice que el socialista Tomás Gómez “ha llevado la contraria al del talante y le van a dar por atrás y por delante”. En 2011 Miguel Celdrán, alcalde de Badajoz (PP), afirma en una entrevista: “Aquí normalmente a los palomos cojos los echamos para otro lado, depende de qué lado cojeen. Aquí, gracias a Dios, estamos todos muy sanos”. En 2012 Javier Bello, alcalde de Alcalá de Henares (PP), responde a un vocal de UPyD: “Lo de chupar no es muy apropiado viniendo de alguien como tú”. En 2016 Gema Borrás, concejal del PP de Ollería (Valencia), se disculpa por decir que “los homosexuales tienen las hormonas trastocadas”. En 2017 Twitter suspende la cuenta del exdiputado popular Sigfrid Soria tras un tweet homófobo y serófobo.
En 2009 el PP de Guadalupe (Cáceres) publica un artículo titulado “El gobierno socialista extremeño se gasta el dinero en promocionar mariconadas en Chile”. En 2010 el Ayuntamiento de Huelva (PP) niega su permiso para celebrar en la plaza principal un acto a favor de la igualdad LGTB. El mismo año dos consejeros del PP y uno del Partido Andalucista piden al Consejo Audiovisual de Andalucía que investigue si en un programa de Canal Sur hay “mucha homosexualidad” y el Ayuntamiento de Ponferrada (PP) se ve obligado a anular una convocatoria de oposiciones a bombero que excluían a los que posean un “amaneramiento marcado”. En Granada se investiga asimismo la aparición del término maricón en una caroca autorizada por el Ayuntamiento (PP) y un poema de la web del PP de Vegas del Genil. En 2014 el PP de Torremolinos (Málaga) prohíbe las actuaciones de tranformistas durante el Orgullo Solidario y en 2018 se pronuncia en contra del “turismo gay de baja estopa” (sic).
En 2010 Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, se opone a que la ciudad dedique un monumento a las personas LGTB represaliadas. El grupo municipal del PP rechaza en Madrid (2015) y se abstiene en Sevilla (2018) en la votación sobre el nombre de las plazas Pedro Zerolo en ambas ciudades; además, es el único partido en abstenerse en la votación para cambiar el nombre del aparcamiento de la plaza madrileña y para inaugurar una plaza de la Memoria Trans en la capital. El Ayuntamiento de Calpe también rechazará en 2017 una plaza de la Diversidad por considerarla “excluyente”.
Con el cambio de Gobierno en 2011, el ministro de Educación, José Ignacio Wert (PP), anuncia la eliminación en la asignatura de Educación para la Ciudadanía — sustituida por Educación Cívica y Constitucional— de las escasas referencias a la homosexualidad. La web del Ministerio de Asuntos Exteriores elimina la lucha contra la discriminación homófoba de su lista de prioridades y Luz Elena Sanín, senadora del PP por Ceuta, culpa del disparo de la deuda a las subvenciones que Zapatero concedió a asociaciones “de lesbianas y homosexuales”.
En 2013 Compromís exige explicaciones al Gobierno valenciano del PP por la asistencia a un evento ultraconservador y homófobo respaldado por HazteOir. En 2014 el Ayuntamiento de Alcalá de Henares reprueba, una vez más con la única oposición del PP y la extrema derecha (España 2000), al obispo Juan Antonio Reig Pla por sus declaraciones homófobas. En 2012 los representantes del PP y CiU habían impedido con su incomparecencia que el Consejo de Administración de RTVE reprobase su homilía homófoba, al igual que el grupo popular en Getafe. La mayoría popular también impidió en 2013 que el Ayuntamiento de Córdoba reprobase la transfobia del obispo Demetrio Fernández. En 2016 el PP de Bollullos (Huelva) se abstendrá de apoyar una moción contra entidades que discriminen por LGTBfobia tras rechazarse su enmienda de excluir a las entidades religiosas. En 2017 los portavoces de todos los grupos políticos catalanes, salvo el PP, piden al arzobispado de Barcelona que suspenda una charla homófoba; en cambio, el PP murciano suspenderá en 2018 las charlas LGTB en los institutos debido a presiones del Foro de la Familia.
En 2016 el Gobierno del PP deniega el asilo a magrebíes LGTB porque “pueden vivir en su país con discreción”. En 2017 el PP impide que el Parlamento asturiano emita una declaración institucional sobre la persecución homófoba en Chechenia y Luis Asúa, rival de Cifuentes en las primarias del PP madrileño, se muestra contrario a que su partido priorice los derechos de las personas LGTB. Ese año, tras una agresión a una pareja de chicos, el Ayuntamiento popular de Moraira (Benidorm) reprocha al Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia que “se hagan políticas de un tema tan delicado y sensible como es la homofobia”. Asimismo, tras el atentado en Barcelona, el exeurodiputado popular Jaime Mayor Oreja señala el matrimonio igualitario como “una de las causas de la debilidad de occidente frente al yihadismo” y promueve una plataforma contra los derechos LGTB junto con organizaciones ultraconservadoras como HazteOir, excargos del PP (Margarita Durán, María San Gil, Ángel Pintado y su presidenta, la actual diputada de Vox Lourdes Méndez) y cargos actuales, como el ya citado Luis Peral.
En el marco del Orgullo, los populares Ángel Garrido — concejal del Ayuntamiento de Madrid — y Juan Soler — diputado en la Asamblea de Madrid y luego alcalde de Getafe, famoso por su defensa del matrimonio igualitario y por afirmar que se querellaría “contra todo aquel que [lo] acuse de ser gay” — tachan de nazismo la postura de la FELGTB de prohibir la participación en el Orgullo de 2010 de una representación israelí. Un año después, el grupo popular del Ayuntamiento de Madrid se niega a respaldar una declaración a favor del Orgullo por incluir la palabra matrimonio y se prohíben las actuaciones. Ese año cambia en Madrid la normativa sobre ruido y se produce la primera multa del Ayuntamiento al Orgullo; las asociaciones organizadoras acusan a la delegada municipal de Medio Ambiente, Ana Botella (PP), de “llevar años intentando cargarse las fiestas del Orgullo”. Los cuatro años siguientes de alcaldía de Botella estarán marcados por las multas y el boicot continuo contra el Orgullo de Madrid hasta la suspensión de las multas en 2016 —con el rechazo del PP— con la nueva alcaldesa, Manuela Carmena. El regreso en 2019 del PP al Ayuntamiento de Madrid con José Luis Martínez-Almeida supondrá nuevas complicaciones para la celebración del Orgullo.
En 2015 el consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero (PP), no ve necesaria una campaña de Metro contra la LGTBfobia y la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa (PP), considera que la bandera arcoíris no debe ondear en los ayuntamientos porque no es la bandera “que debe regir para todos” y autoriza una concentración homófoba durante el Orgullo, al igual que hará en 2017 su homólogo en Murcia, Antonio Sánchez Solís (PP). También en 2015 el PP solicita en Mérida la retirada de un paso de cebra arcoíris y el Ayuntamiento popular de Archena (Murcia) se disculpa por burlarse del despliegue de la bandera LGTB en Cartagena. En 2015 el alcalde de Villaconejos (Madrid), Adolfo Pacheco (PP), compara la bandera LGTB con la “bandera esvástica” para evitar colgarla. En Gijón todos los grupos salvo el PP exigen al empresario taurino Carlos Zúñiga que se retracte de que “el Orgullo Gay sí que hace daño a la vista de los niños”.
El alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido (PP) también se negó varios años a izar la bandera arcoíris, se declaró “homófobo” y eliminó de la web del consistorio a petición de HazteOir un programa de asesoramiento a lesbianas y mujeres bisexuales. En 2016 el concejal popular de Sevilla Gregorio Serrano califica de “obscena, de mal gusto y denigrante” una exposición fotográfica que muestra imágenes de hombres besándose, y la teniente de alcalde de Badajoz, María del Rosario Gómez de la Peña (PP), tacha de “repugnantes, desagradables, repulsivos y asquerosos” a dos manifestantes del Orgullo casi desnudos. En Granada el PP pide “trato igualitario” y que la bandera de la familia pueda ondear junto a la izada contra la homofobia. En 2017 los Ayuntamientos madrileños de Alcorcón, Boadilla del Monte, Galapagar y Majadahonda (todos del PP) se niegan expresamente a izar la bandera arcoíris y el Ayuntamiento popular de Aguilar de Campoo (Palencia) la retira con una grúa de la ventana de un edil. En Forcarey (Pontevedra) la alcaldesa popular Belén Cachafeiro dificulta ese año la celebración de su primer Orgullo, rechaza colgar la bandera arcoirís — y después la retira anticipadamente — y utiliza a personal del Ayuntamiento para humillar a uno de los organizadores. En 2018 la alcaldesa popular de Alfaro (La Rioja), Yolanda Preciado, coacciona al Consejo de la Juventud local para impedir la presencia de simbología arcoíris en una fiesta, y el anuncio en Madrid de una carroza navideña en la que participaban artistas drag disfrazadas de peluches provoca el rechazo del portavoz municipal del PP, José Luis Martínez Almeida, y de otros municipios madrileños, como Valdemoro (PP).
En 2019 la candidata popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se opuso a la amenaza de Vox de trasladar el Orgullo a las afueras porque “allí van familias”. En su lista se encuentran el exalcalde de Alcorcón, David Pérez, y el presidente de la Asociación de Prensa LGTB, David Enguita, quien ha criticado las subvenciones a asociaciones LGTB —como también ha hecho el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal — y ha defendido a Ana Camíns, exportavoz de Políticas Sociales y Familia del PP en la Asamblea de Madrid que en 2013 negó el acoso escolar por LGTBfobia y llamó a recuperar la educación de “las garras” de las asociaciones LGTB, lo que le valió un Premio Ladrillo Rosa por parte de Cogam.
Pero, entonces, ¿el PP es homófobo o no?
Tras un nuevo relevo socialista en el Gobierno, Rajoy abandonó la presidencia del partido en 2018. Desde entonces, el PP ha experimentado un viraje a la derecha con la elección del candidato apoyado por HazteOir, Pablo Casado. PP y Ciudadanos han pactado a nivel local y autonómico con el partido ultraderechista Vox —formado por excargos del PP y respaldado por HazteOir — , que ha manifestado antes, durante y después de las elecciones su oposición a los derechos LGTB. PP, Ciudadanos y Vox también convocaron concentraciones conjuntas con el respaldo de organizaciones filofascistas, a las que acudieron varios líderes populares y candidatos abiertamente gays como Maroto, Enguita y Oyarzabal.
El ejercicio de recopilación que aquí se ha hecho puede repetirse con cualquier partido español; la hemeroteca proporciona innumerables ejemplos. Sin embargo, lo que diferencia al PP del resto de los partidos mayoritarios españoles es un sólido compromiso a lo largo de la Historia contra los derechos de las personas LGTB, manifestado en su oposición continuada a las parejas de hecho — que en 2014 se convierten en “una cosa equilibrada” ante la amenaza del matrimonio igualitario — y a numerosas declaraciones, propuestas legislativas y actos simbólicos, tanto a nivel nacional como internacional, autonómico y local, contra la LGTBfobia.
Corona este retablo un rosario de declaraciones homófobas por parte de una cantidad asombrosa de miembros del partido — muchos de ellos altos cargos en el momento de las declaraciones, otros premiados posteriormente con dichos cargos — y la defensa de jueces, obispos, organizaciones y personas que han saltado a los medios debido a sus declaraciones homófobas. De esta lista, que puede parecer exhaustiva, se han excluido varios casos, particularmente todos aquellos relacionados con las Nuevas Generaciones del PP.
No es infrecuente que el PP pretenda una reescritura de su propia Historia afirmando su intachable posicionamiento histórico a favor de los derechos LGTB. Como he intentado demostrar, esto es absolutamente falso, salvando los casos puntuales de Ayuntamientos y políticos populares como Celia Villalobos o Luisa Fernanda Rudi. Las políticas y declaraciones oficiales del PP en todos los niveles territoriales y su frecuente permisividad con la LGTBfobia de sus cargos evidencian que desde sus inicios hasta el momento actual el PP se ha caracterizado siempre por su homofobia sistémica.
El pasado no se puede borrar, pero el futuro está por escribir. Queda en manos de los dirigentes del PP replantear sus principios si esperan respaldar con actos algún día sus afirmaciones de respeto hacia las personas LGTB.
